Nacho Álvarez: «Se está diseñando la hoja de ruta que nos pueda acercar a modelos de cuidados coherentes y respetuosos con los proyectos de vida de las personas»

Ignacio Álvarez
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El Ministerio de Derechos Sociales lidera un cambio de modelo para los cuidados de larga duración, a través del desarrollo de una estrategia de desinstitucionalización ¿Qué impacto se prevé que pueda tener esta iniciativa?

En este momento destacaría dos impactos. Por un lado, concienciación y exigencia social sobre la necesidad y urgencia de mejorar los sistemas de apoyo a las personas y a sus familias y, por otro, claridad y consenso respecto a la hoja de ruta que nos oriente hacia unos cuidados de larga duración accesibles, asequibles y de alta calidad para toda la población que los requiera.

Es compartida la opinión de que la pandemia provocada por el COVID-19 generó un “despertar social” respecto a las carencias de los modelos de cuidados tanto en nuestro país como en Europa. Evidenció la necesidad de aumentar la inversión pública en este ámbito, tal y como este Gobierno ha hecho, y de transitar hacia un modelo más personalizado y de base comunitaria.

La ‘Estrategia estatal de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad’ recoge esa “indignación social” para pasar del diagnóstico a las propuestas. Está ya abriendo un amplio espacio de participación, reflexión y consenso sobre cómo debemos avanzar. Diseñando la hoja de ruta que nos pueda acercar a modelos de cuidados coherentes y respetuosos con los proyectos de vida de las personas, tanto de las que cuidan, como de las que son cuidadas.

Esta estrategia marca un horizonte, el año 2030, con planes operativos que se irán evaluando y actualizando cada dos años. Será fundamental que en este itinerario contemos con voluntad política y con procesos de aprendizaje que nos permitan avanzar a buen ritmo y en la dirección correcta.

¿Cuáles deberían ser los pilares en los que se debe apoyar la transformación de los cuidados en nuestro país?

Los pilares de esta estrategia se asientan en un marco de derechos humanos, principalmente, en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, como bien sabéis en Plena inclusión, reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a que las personas sean incluidas en la comunidad, asegurando que tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y que no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.

La estrategia se centra en la idea de “una buena vida en la comunidad”. Necesitamos llenar de sentido esta frase. Hacerla realidad implica fomentar e invertir en “apoyos de proximidad” y “centrados en las personas”. Éstos serían los dos pilares centrales.

En primer lugar, la atención comunitaria y de proximidad debe ser una prioridad. Lo cual supone reorientar las inversiones y el foco de atención en el despliegue y la mejora de los servicios y apoyos de base comunitaria, como la atención domiciliaria, la asistencia personal, el acceso a vivienda con apoyos y cualquier otro tipo de recurso que contribuya a la vida independiente y en la comunidad.

El segundo pilar es la personalización, como modelo de intervención, pero también como principio orientador de los sistemas de planificación y evaluación. Es necesario implementar un giro decidido para que sean los proyectos de vida de las personas y de sus familias los que orienten los sistemas de apoyo y cuidados, y no al revés.

Por último, creo que es preciso entender que estos pilares requieren de procesos de tránsito seguros para las personas y para las organizaciones. El tránsito de un modelo asistencial e institucionalizador a otro comunitario y de proximidad no puede ser un salto al vacío. Requiere de medidas preventivas que aseguren que vivir en la comunidad es vivir mejor para todas las personas […]

Sigue leyendo en la web de la revista VOCES, de Plena inclusión España.

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